El incremento de hechos vinculados al narcotráfico y sicariatos en el departamento de Santa Cruz encendió las alertas en el Ministerio Público. Ante este escenario, el fiscal departamental, Alberto Zeballos, solicitó reforzar la escolta policial para los funcionarios que investigan este tipo de casos, con el objetivo de garantizar su seguridad.
La autoridad explicó que ya se activaron protocolos de protección a través de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado. Esta instancia coordina con la Policía Boliviana para brindar resguardo a fiscales y servidores públicos que trabajan en investigaciones sensibles. “Ya se han activado esos protocolos para que miembros de la policía puedan brindar ese respaldo a cada uno de nuestros servidores, en especial a los fiscales de materia”, señaló Zeballos.
El fiscal indicó que esta medida responde al aumento de procesos de alto riesgo, como los vinculados al narcotráfico internacional y delitos conexos. Entre ellos mencionó el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, así como investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de armas y otras actividades del crimen organizado.
Asimismo, Zeballos hizo referencia a la problemática del control de aeródromos clandestinos, varios de los cuales han sido intervenidos y puestos bajo custodia de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), como parte de las acciones para frenar el flujo ilegal de drogas.
La situación se torna aún más preocupante tras los hechos registrados el último fin de semana de abril, cuando se reportaron tres acribillamientos en distintas regiones del departamento: Warnes, San Matías y Puerto Quijarro. Según las primeras investigaciones, una de las víctimas tendría presuntos vínculos con la estructura criminal de Marset.
