La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, volvió a situarse en el centro del debate público tras exigir al Estado el pago retroactivo de la renta vitalicia que, según sostiene, le corresponde por haber ejercido la Presidencia del país entre 2019 y 2020. El monto reclamado supera los 1,5 millones de bolivianos y corresponde al período comprendido entre noviembre de 2020, cuando dejó el cargo, y diciembre de 2025.
A través de una publicación en redes sociales, Áñez defendió su solicitud y aseguró que no está pidiendo ningún privilegio especial, sino el reconocimiento de un derecho que, a su criterio, le fue negado durante cinco años.
“Quiero aclarar que lo que estoy solicitando no es un beneficio adicional ni un trato especial. Lo que estoy reclamando es el pago retroactivo correspondiente a los 5 años en que ese derecho me fue negado”, expresó la exmandataria en un mensaje difundido en su cuenta oficial.
La renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes constitucionales está contemplada en la Ley 376, denominada “Ley de Reconocimiento Pecuniario a Expresidentes y Exvicepresidentes Constitucionales”, promulgada en mayo de 2013 durante el gobierno de Evo Morales. Esta normativa establece el pago mensual equivalente a diez salarios mínimos nacionales para quienes hayan ejercido esos cargos.
Hasta diciembre de 2025, dicho beneficio alcanzaba los 25.000 bolivianos mensuales para cada exmandatario. Tomando en cuenta que Áñez dejó la Presidencia el 8 de noviembre de 2020 y que desde entonces transcurrieron 61 meses hasta finales de 2025, el cálculo realizado por la exautoridad asciende a 1.525.000 bolivianos.
Según la exmandataria, durante los años posteriores a su salida del poder realizó diversos trámites para acceder a la renta vitalicia, pero afirma que las autoridades del gobierno de Luis Arce rechazaron sistemáticamente sus solicitudes.
Áñez sostiene que uno de los principales obstáculos fue la falta de una certificación o credencial que acreditara oficialmente su condición de expresidenta. En ese sentido, argumentó que durante años solicitó la documentación requerida para acceder al beneficio económico establecido por ley, sin obtener una respuesta favorable.
“Durante años solicité la certificación necesaria para acceder a ese derecho, pero nunca me fue entregada”, señaló la exmandataria al explicar las razones por las cuales no pudo acceder anteriormente a la renta.
La situación de Áñez estuvo marcada además por su detención. La exjefa de Estado fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 y trasladada a prisión dos días después. Durante toda la gestión gubernamental de Luis Arce permaneció privada de libertad y, según su versión, esa condición también influyó en la negativa de las autoridades para reconocerle el beneficio económico correspondiente a los expresidentes.
El escenario cambió tras las elecciones generales y el posterior triunfo del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Según los antecedentes del caso, el 6 de noviembre de 2025, dos días antes de la conclusión del mandato de Arce, Áñez abandonó el penal de Miraflores, lo que abrió nuevamente la posibilidad de regularizar su situación respecto al reconocimiento de la renta vitalicia.
Sin embargo, el Gobierno mantiene una posición distinta sobre el tema. Desde la administración estatal se sostiene que la Ley 376 establece claramente los requisitos y procedimientos para acceder al beneficio, pero no contempla la posibilidad de realizar pagos retroactivos por periodos anteriores al reconocimiento formal del derecho.
“La Ley N° 376 establece los requisitos y el procedimiento para acceder a la renta vitalicia, pero no contempla pagos retroactivos por períodos anteriores a su reconocimiento”, señala la respuesta oficial emitida por el Ejecutivo.
Bajo ese criterio, las autoridades consideran que el asunto ya fue resuelto y descartan cualquier obligación de cancelar los más de 1,5 millones de bolivianos reclamados por la exmandataria. El Gobierno sostiene que únicamente corresponde efectuar los pagos desde enero de 2026, fecha en la que concluyó el trámite administrativo y se autorizó oficialmente el desembolso de la renta vitalicia.
