El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, cuestionó este jueves la situación laboral de un dirigente sindical del sector salud que, según denunció públicamente, lleva más de ocho años sin cumplir funciones en el Hospital Japonés, pese a percibir un salario cercano a los 10.000 bolivianos mensuales. La denuncia fue realizada en medio del conflicto generado por el paro de 72 horas convocado por la Federación Sindical de Trabajadores en Salud y se suma a nuevas acusaciones de autoridades municipales sobre presuntos privilegios dentro del sistema sanitario.
A través de sus redes sociales, Velasco publicó un mensaje bajo el título «Ayúdenme con esta adivinanza, ¿quién es?», en el que describió las características del funcionario sin revelar inicialmente su identidad. En la publicación sostuvo que el trabajador no registra asistencia mediante el sistema biométrico desde hace más de ocho años y que, pese a contar con un ítem financiado por el Tesoro General de la Nación (TGN), su salario es cubierto por la Gobernación de Santa Cruz.
Asimismo, señaló que el funcionario permanece «en comisión» desde hace ocho años, pertenece a un sindicato y ocupa un cargo para el cual —según afirmó— no tendría la formación técnica correspondiente, pese a recibir una remuneración cercana a los Bs 10.000 mensuales.
«¿Adivina quién paga este despropósito? Santa Cruz. Así funciona esto: cargos fantasmas, plata que se va y nadie rinde cuentas, un sistema de salud deteriorado. Lo vamos a cambiar», escribió el gobernador en sus redes sociales.
Las declaraciones fueron difundidas el mismo día en que continuaban las repercusiones por el paro de 72 horas impulsado por la Federación Sindical de Trabajadores en Salud, medida que fue cuestionada tanto por la Gobernación como por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra debido al impacto generado en la atención de pacientes.
Las denuncias del gobernador fueron reforzadas por declaraciones del concejal José Hugo Antelo, quien identificó públicamente al dirigente sindical Robert «Pimpo» Hurtado y anunció el inicio de un proceso de fiscalización para verificar su situación laboral y el cumplimiento de sus funciones.
Según Antelo, Hurtado figuró durante más de cuatro décadas como trabajador técnico del área de Rayos X y, de acuerdo con la información que maneja, durante los últimos ocho años habría percibido más de un millón de bolivianos entre salarios, aguinaldos y otros beneficios sociales sin desempeñar funciones laborales de manera efectiva.
El concejal también denunció que el dirigente sindical presuntamente tendría más de diez familiares trabajando dentro del sistema público de salud. Indicó que esta información fue proporcionada por trabajadores del propio sector y que será verificada mediante solicitudes oficiales dirigidas a las instituciones correspondientes.
Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, respaldó la necesidad de investigar estas denuncias y afirmó que impulsará una fiscalización para establecer si existieron irregularidades relacionadas con la contratación de familiares y otros posibles beneficios sindicales.
Nayar sostuvo que Robert Hurtado «lleva décadas atentando contra la salud pública» mediante constantes medidas de presión que, según señaló, terminan afectando la atención médica de la población.
La controversia se desarrolla mientras la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra mantiene su decisión de aplicar sanciones al personal municipal que participó en el tercer día del paro de 72 horas convocado por la Federación de Trabajadores en Salud.
El alcalde Manuel «Mamén» Saavedra afirmó que el Gobierno Municipal no mantiene deudas con el personal administrativo del sector y aseguró que la medida de presión carece de justificación en el ámbito municipal.
Asimismo, informó que más de 150 funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos fueron desplegados en distintos centros de salud con el objetivo de verificar la asistencia del personal durante la jornada de paro.
Según explicó la autoridad edil, los trabajadores municipales que no se presentaron a cumplir sus funciones serán desvinculados y sustituidos por personal que garantice la continuidad de la atención médica.
