El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno mantiene una posición firme respecto a los billetes de la serie B que fueron sustraídos tras un siniestro aéreo, señalando que estos no pueden ser legalizados debido a que se trata de dinero robado y, por lo tanto, carecen de validez legal.
La autoridad explicó que el Ministerio de Economía considera que permitir la legalización de estos billetes significaría validar un hecho ilícito. “La posición en el Ministerio es absolutamente clara: no se puede legalizar lo robado, no se puede legalizar lo que ha sido hurtado y, además, puesto en circulación de una manera ilegal”, manifestó Espinoza.
Las declaraciones del ministro surgen en respuesta al proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Alarcón, quien plantea que la Asamblea Legislativa apruebe una norma para legalizar los billetes de la serie B que fueron sustraídos durante el accidente aéreo. La propuesta busca dar una salida al problema que enfrentan muchas personas que, sin saberlo, reciben estos billetes en transacciones cotidianas.
Espinoza señaló que el debate sobre esta iniciativa ahora corresponde al Legislativo, que deberá analizar el alcance y las implicaciones del proyecto. “La discusión está en el Congreso, ellos tendrán que ver cómo van a proceder, pero en todo caso, nosotros tenemos absolutamente claro que hay ciertos principios que no se pueden violentar”, sostuvo.
La propuesta legislativa surge también debido a las constantes molestias y preocupaciones de la población, que se ve obligada a revisar cuidadosamente los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos para verificar si pertenecen o no a la serie B considerada inválida. Esta situación ha generado incertidumbre en el comercio y en las transacciones diarias.
No obstante, el ministro insistió en que legalizar los billetes robados sentaría un precedente negativo y atentaría contra principios fundamentales del cumplimiento de la ley. Para explicar su postura, comparó el caso con otros bienes obtenidos de manera ilícita.
“Si alguien roba alguna cámara, aparato o cualquier objeto y el Gobierno decide legalizar eso robado, estaríamos incumpliendo no solamente las leyes, sino también faltando a un principio básico: evitar que quien comete delitos tenga la vida fácil”, concluyó Espinoza.
